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Despenalización del cannabis: entre la ideología y la ciencia

Fecha:
23/02/2017
Desde la antigüedad y en todo el mundo, la modificación farmacológica de los sistemas químicos del cerebro humano ha estado en el origen de transformaciones culturales y económicas de gran alcance y ha sido objeto constante de controversias.
 
La estética cinematográfica del crimen, surgida en los años veinte estadunidenses, sería impensable sin los efectos sociales de la prohibición del alcohol. La proclamación del amor y la paz, tal y como fue abrazada por las huestes hippies, no habría sido posible sin el influjo del LSD, la psilocibina y la mescalina, cuyo uso fue característico de los años sesenta.
 
La experimentación con drogas de Walter Benjamin, Charles Baudelaire, Thomas de Quincey, Aldous Huxley, Ernst Jünger y otros escritores dio lugar a formas intelectuales y artísticas novedosas.
 
Una y otra vez, la exploración y la censura, el festival y la prohibición de las drogas han delineado el estilo de corrientes culturales y de las políticas de salud, en un espectro que va del hedonismo al castigo y la abstinencia. ¿Cuál es el lugar de la medicina científica en esta amplia discusión que involucra a todos los sectores de la sociedad?
 
Nadie ignora que el efecto de las drogas, aunque esté influido significativamente por normas, expectativas y códigos culturales, es un fenómeno psicobiológico: las sustancias de los sueños, como las llamaba el neurofarmacólogo Simón Brailowski, están sujetas al estudio y la transformación tecnológica de las ciencias químicas, y sus efectos psicológicos son resultado de la interacción con redes cerebrales que dan soporte a las ensoñaciones, la memoria emocional, la percepción y los procesos imaginativos.
 
Como lo planteó Peter T. Furst en el imprescindible ensayo Alucinógenos y cultura, algunos psicofármacos tienen efectos culturales tan profundos que se funden en el magma colectivo donde se forman mitos de origen de las comunidades, en su cosmovisión y en sus ideas acerca de la espiritualidad y el proceso de enfermedad y salud. El uso de psicofármacos es una extensa avenida para el entendimiento de las relaciones entre los procesos neurobiológicos y la dimensión subjetiva de la mente humana.
 
A pesar de todo lo anterior, la medicina académica ha mostrado (con excepciones notables) una actitud más bien dogmática hacia el estudio de los fármacos clasificados como ilegales por razones a veces científicas, pero en general marcadas por un fuerte sesgo ideológico. En este contexto aparecen, eventualmente, lecturas refrescantes dentro de la literatura académica mexicana. Tal es el caso de Marihuana y salud, publicado en 2015 por el Fondo de Cultura Económica, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)y la Academia Mexicana de Medicina, coordinado por Juan Ramón de la Fuente. La lista de colaboradores incluye a Rodolfo Rodríguez Carranza y Oscar Prospéro García, entre otros académicos reconocidos en campos tan variados como la medicina psiquiátrica, el derecho y la psicología social.
 
Marihuana y salud hace una exposición objetiva y equilibrada de la botánica y la farmacología de la Cannabis sativa y su relación con el sistema endocannabinoide del cerebro humano. Este sistema, descubierto en los años sesenta del siglo pasado, guarda secretos relevantes para el entendimiento del cerebro y la mente, pero su investigación es obstaculizada por barreras legales, ideológicas y culturales, reforzadas por las políticas de la guerra contra las drogas.
 
No deja de ser irónico que la criminalización del consumo de cannabis se estableciera en México en la primera mitad del siglo XX, antes del descubrimiento del sistema endocannabinoide, que articula y dispara los efectos psicológicos de esta droga; y que tras su descubrimiento la legislación no haya sufrido cambios significativos.

Marihuana y salud reporta una de las primeras referencias legales a la marihuana en México: «En los debates del Constituyente de 1917, el diputado José María Rodríguez, uno de los médicos constituyentes, al justificar su propuesta de crear el Consejo de Salubridad General se refirió específicamente a la marihuana. Señaló que era necesario dictar medidas para corregir la degeneración de la raza mexicana, que provenía principalmente del alcoholismo y del envenenamiento por sustancias medicinales como el opio, morfina, el éter, la cocaína, la marihuana» (p. 272). Como bien se sabe, la teoría de la degeneración moral a la cual se refiere el honorable constituyente fue propuesta por el psiquiatra francés Bénédict Augustin Morel a mediados del siglo XIX, sin la menor base científica. Supongo que a principios del siglo XXI hemos superado las teorías precientíficas del siglo XIX sobre la degeneración moral.
 
Cantinflas y Gustavo Sainz bromearon acertadamente acerca de ellas al decir: «de generación en generación, las generaciones se degeneran con mayor degeneración». Los avances científicos que acontecen día a día con ritmo vibrante ¿se reflejan en nuestra legislación y en nuestras prácticas judiciales? Difícilmente. En un artículo clásico publicado en 2007 por Nutt y colaboradores en la prestigiosa revista médica 'Lancet' (convenientemente olvidado por muchos médicos y legisladores) se hizo una revisión exhaustiva del daño provocado por las diferentes drogas de uso recreativo.
 
El estudio incluye 16 drogas, que pueden enlistarse de la más peligrosa a la menos peligrosa de acuerdo con la evidencia científica: 1. Heroína, 2. Cocaína, 3. Barbitúricos, 4. Alcohol, 5. Ketamina, 6. Benzodiacepinas, 7. Anfetamina, 8. Tabaco, 9. Buprenorfina, 10. Cannabis, 11. Solventes, 12. LSD, 13. Ritalin, 14. Esteroides anabólicos, 15. GHB, 16. Éxtasis. A pesar de lo anterior, la ONU clasifica como «muy peligrosas» a las drogas 1, 2, 6, 10, 12, 15 y 16. Y las que están fuera de regulación internacional son las drogas 4, 5, 8, 11, 13, 14 y 16.
 
En México son legales las drogas 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13 y 14. Es decir, seis de las drogas legales son más peligrosas que la cannabis, lo cual simplemente refleja que la legislación en nuestro país y las regulaciones internacionales que rigen la guerra contra las drogas guardan escasa correlación con los niveles de peligrosidad de su consumo. Dicho de otra manera, las legislaciones respectivas tienen un pobre carácter científico o reflejan lento aprendizaje. Pero la dimensión del problema no es únicamente epistemológica. Marihuana y salud presenta estadísticas relacionadas con el sistema penitenciario mexicano: la realidad de esas cifras demuestra la aplicación sesgada del tratamiento penal con dedicatoria especial a los consumidores de marihuana.
 
Para empezar, «los delitos contra la salud son el principal motivo por el que están sentenciados los internos; ocurre con el 60.2% de los hombres y el 80% de las mujeres». (p. 277). La marihuana es «la droga por la que hay más sentencias contra la salud, siendo las conductas más penalizadas la portación y el transporte» (p. 278). El 40% de los hombres y el 20% de las mujeres son sentenciados por posesión; el 30% de los hombres y el 45% de las mujeres están sentenciados por transporte.
 
En una sociedad con niveles de violencia muy altos, donde hay noticias cotidianas espeluznantes de homicidios, secuestros, robos, fraudes, chantajes y abusos sexuales en todas sus formas, es notable que una proporción tan alta de personas se encuentre en prisión exclusivamente por el delito de posesión de marihuana, generalmente pequeñas cantidades que apenas superan (o ni siquiera eso) el límite establecido por la legislación mexicana, es decir, cinco gramos.
 
Si los crímenes violentos contra ciudadanos mexicanos e inmigrantes fueran castigados, podríamos entender que el brazo severo de la ley cumpliera su trabajo con los consumidores de cannabis descuidados que poseen cantidades mayores de cinco gramos, pero nadie ignora la existencia de un sistema de impunidad que confiere protección a criminales de alta peligrosidad.

Hay que recordar al gran cínico del siglo XX, Josef Stalin, quien decía que un homicidio es un escándalo, mientras que miles de homicidios son sólo una estadística. Parece claro que las probabilidades de caer en prisión son significativamente mayores para quienes no han cometido más delito que la posesión de drogas para consumo personal. Los consumidores de drogas, y de marihuana en particular, son chivos expiatorios perfectos para un sistema de impunidad garantizado por el abrazo cómplice de los criminales y las autoridades corruptas.
 
¿Cuál es la razón para criminalizar el consumo de cannabis?
La versión oficial de la medicina académica, en México y en casi todos los países, es que sus efectos son tan patogénicos que lo más sensato es establecer medidas penales no sólo contra el productor y el distribuidor de drogas, sino también contra el consumidor.
 
La literatura que demuestra los efectos patológicos del consumo de cannabis sobre el organismo humano es abundante y no es necesario discutir este punto. Basta señalar la revisión de Nora Volkow y colaboradores, Adverse Health Effects of Marijuana Use, publicada en 'New England Journal of Medicine' en 2014. Que el consumo crónico y excesivo de cannabis ocasiona daños a la salud y al sistema nervioso en particular está fuera de discusión. Lo que sorprende dentro del gremio médico (al cual pertenezco) es la falta de interés por el estudio, el análisis y la discusión de los daños a la salud que ocasiona el tratamiento penal de los consumidores.
 
Los médicos somos consultados con frecuencia acerca de los efectos nocivos de la marihuana sobre la estructura cerebral, como parte de una estrategia política que busca la legitimación científica de la prohibición. La opinión más común entre mis colegas es que «debemos exponer con objetividad los daños a la salud provocados por la marihuana, pero no debemos interferir con la tarea legislativa, ajena a la medicina».
 
Tácitamente se da validez al tratamiento penal, aún si representa una causa de daños a la salud más graves que el consumo mismo. Como lo he planteado en publicaciones previas: «el encarcelamiento de los consumidores aumenta los riesgos para su salud, afecta la salud mental, aumenta el riesgo de consumir drogas duras como los opiáceos, y el riesgo de padecer actos violentos o abuso sexual, con las consecuencias esperadas en cuanto a enfermedades de transmisión sexual. Las medidas carcelarias disminuyen la funcionalidad laboral y escolar del consumidor, afectan la calidad de vida, incrementan el estigma y la discriminación, fracturan las redes familiares, disminuyen la productividad económica, y generan gastos monumentales al Estado y a los contribuyentes en su conjunto» (Avance y perspectiva, vol. 1, núm. 3).
 
Si el tratamiento penal fuera un medicamento, ya habría sido prohibido por su relación costo-beneficio contraproducente. La apatía del gremio médico en torno a la criminalización del consumo de marihuana, podemos imaginar, es resultado de décadas de políticas represoras que han cancelado toda forma de debate, y durante las cuales se han impuesto castigos ejemplares a disidentes de la opinión oficial o a investigadores que han transgredido las reglas ideológicas (escritas y no escritas) del sistema de salud, como sucedió al doctor Salvador Roquet, encarcelado por realizar investigación psicoterapéutica con plantas alucinógenas.
 
El escenario de la investigación científica en México plantea problemas particulares. Oscar Próspero, reconocido neurocientífico mexicano que investiga la relación entre la arquitectura del sueño y los cannabinoides naturales producidos por el cerebro, ha mencionado que debido a la política prohibicionista para trabajar con los principios activos de la cannabis se requiere la compra de sustancias más caras bajo difíciles condiciones administrativas.
 
La normatividad vigente no impide la investigación científica, pero la dificulta en todos los planos, desde el ideológico, en el cual se forman las innovaciones conceptuales, hasta el logístico y el regulatorio. Esto es lamentable, ya que en muchos países hay líneas de investigación sobre los posibles efectos de los cannabinoides en el tratamiento de la espasticidad (tensión muscular), la modulación del tracto gastrointestinal, la regulación inmunológica de células cancerosas, el hígado graso, el síndrome Gilles de la Tourette (tics físicos y vocales), el glaucoma y, de manera muy consistente, el dolor. Puede decirse que hasta ahora no hay evidencia suficiente de eficacia en la mayoría de estas investigaciones, pero la evidencia es difícil de generar debido a los obstáculos mencionados.
 
Esto cobró relevancia el año 2015 por el caso de la niña mexicana Grace, de ocho años, quien padece epilepsia intratable por el síndrome de Lennox-Gastaut (una variante de epilepsia infantil). De acuerdo con la información publicada en medios periodísticos, un juez autorizó a los padres de la niña la importación de un medicamento a base de cannabidiol, derivado de la cannabis. El Consejo de Salubridad General impugnó la resolución, argumentando (con razón) que hay escasa evidencia científica que avale la eficacia del tratamiento. En septiembre de 2015, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de México (Cofepris) autorizó la importación del medicamento para el tratamiento experimental o compasivo de la niña. No obstante, un diputado advirtió el riesgo para el médico dispuesto a extender la prescripción, ya que ésta puede ser interpretada como delito federal. Todo esto muestra la confusión de la postura legal mexicana frente a la cannabis como objeto de conocimiento científico y fuente de aplicaciones médicas. Como diría un cómico político: la postura no es liberal ni conservadora, sino todo lo contrario.
 
A mi juicio, es tiempo de dejar atrás el infantilismo político de la ciencia mexicana: pensar que los actores políticos habituales tienen las mejores competencias intelectuales para decidir el destino de nuestras políticas de salud denota una falta de compromiso médico y científico o un conservadurismo cada vez menos cómodo.
 
Así, el gremio de médicos dio la bienvenida al libro Marihuana y salud de Juan Ramón de la Fuente y colaboradores porque abre avenidas a una discusión científica capaz de trascender no sólo los prejuicios del público en general, sino que ayudará especialmente a que el medio especializado de los médicos, los científicos y los legisladores superen dogmas ideológicos no basados en la mejor evidencia.

Jesús Ramírez Bermúdez es médico del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Ciudad de México. 

Texto publicado en La Gaceta del Fondo de Cultura en su número especial dedicado a la Marihuana. La Gaceta del FCE

Fuente: http://www.ibe.tv/es/canal/elportalvoz/3391/Despenalizaci%C3%B3n-del-cannabis-entre-la-ideolog%C3%ADa-y-la-ciencia.htm

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Acerca del autor:
Jesús Ramírez-Bermúdez
El Portalvoz

Acerca del libro:
Marihuana y salud
Juan Ramón De la Fuente